- Las sociedades extranjeras, entre las que hay mucha “marca España” y también “marca Galicia”, incumplen sistemáticamente, “con la aquiescencia del Gobierno Guatemalteco”, la obligación legal del consetimiento de las comunidades que habitan los territorios donde se instalan
- La apropiación de bienes y de territorios por parte de empresas españolas, señaló el abogado, “tiene una afectación grave en Guatemala y es una condena a muerte para muchas generaciones de personas”. Para el profesor madrileño Martínez Osés, también participante en el foro en línea, la economía actual está instalada en una “lógica de destrucción” y las empresas lo único que buscan es “obtener el mayor capital en el menor tiempo posible llevándose todas las vidas que se pongan por delante y todo el marco de derechos”.
- El encuentro virtual podrá verse íntegro en la página web de la red Acampa, www.redeacampa.org
La legislación guatemalteca establece el preceptivo consentimiento de las comunidades indígenas que habitan un territorio para desarrollar una actividad económica en él. “Las empresas lo saben, pero con la aquiescencia del Gobierno, se saltan esa obligación y se instalan sin tener en cuenta a las poblaciones que hay alrededor”. “Ya vienen con la conciencia ilegal y de despojo”. Esta práctica, que tiene mucha “marca España” y también “marca Galicia”, fue denunciada ayer por el notario y abogado Juan Carlos Peláez Villalobos, en el Encuentro digital Expolio, de la IV edición de Acampa pola paz e o dereito a Refuxio. Según el letrado, que lleva más de treinta años defendiendo los derechos de las poblaciones indígenas en Guatemala, el 70 por ciento de las tierras son propiedad de las comunidades originarias. Las poblaciones indígenas ostentan el título oficial de propiedad sobre ellas.
En los últimos ocho años, estas poblaciones han logrado recuperar alrededor 350.000 hectáreas de sus territorios. “Es la primera vez en la historia de Guatemala y sin acudir a instancias internacionales, solo con las leyes del propio país”, recalcó Peláez Villalobos. Hizo también un repaso por algunas de las consecuencias para la población de su país de la actividad de empresas españolas que llevan décadas explotando recursos naturales allí, sobretodo grandes hidroeléctricas como Cobra, del grupo ACS de Florentino Pérez, promotora de las plantas de Renace. “Secuestraron 20 kilómetros de cauce, impidiendo el acceso al río a las comunidades del entorno que se vieron obligadas a sobrevivir solo con agua de lluvia”.
A lo largo del encuentro salió también el nombre de la compañía de origen gallego Unión Fenosa, hoy con otra denominación, que invadió grandes extensiones de territorios indígenas en Guatemala para hacerse con el monopolio del suministro de electricidad del país, usando para ello la coacción a las poblaciones locales, que sufrieron en muchos casos penas de cárcel, consecuencias dramáticas para su forma de vida e, incluso, la pérdida de vidas de defensores del territorio, según denuncian las propias comunidades. “El expolio de bienes y de territorios por parte de empresas españolas, señaló el abogado, “tiene una afectación grave en Guatemala y es una condena a muerte a muchas generaciones”. “Para nosotros la marca España significa pobreza”, sentenció. “Cuando tomáis una taza de café, un plátano o endulzáis algo con azúcar estáis saboreando expolio. Significa sangre, hambre y miseria del pueblo guatemalteco”. Hizo mención, finalmente, a las devastadoras consecuencias del paso de los huracanes Eta e Iota por el país. “Significa un retroceso de 10 años. La pobreza se ha exacerbado con un crecimiento de más del 50 por ciento”.
Expolio sistemático
En el Encuentro digital participó también el profesor de las Universidades Autónoma y Carlos III de Madrid, Pablo Martínez Osés, especialista en Cooperación y activista social para quien lo que está sucediendo en estos momentos es “una batalla entre la defensa de los derechos humanos y los beneficios del capital”. Según sus palabras, la economía mundial está instalada en una “lógica de destrucción en la que el territorio se ha convertido en un espacio para el traslado de capitales y mercancías”. Remarcó, por ejemplo, que la inversión internacional en Centroamérica en los últimos 40 años se ha centrado en generar infraestructuras para proteger “la vulnerabilidad del capital y no la vulnerabilidad de las personas”.
Enlazando con la situación en Guatemala, Martínez Osés, fue muy gráfico: “expulsan a la gente de los territorios apropiándose de ellos no para vivir o disfrutar, quieren obtener el mayor capital en el menor tiempo posible, y para ello arrasan con todas las vidas que se pongan por delante y con todo el marco de derechos”. “Y, además, han conseguido generar a lo largo de las últimas décadas un derecho mercantil alternativo que les permite generar expolios sistemáticamente”.
Para el profesor el madrileño “apropiarse del botín que en este caso es el derecho a la vida, a la tierra y a vivir en sus territorios originales” tiene un componente de expulsión que nos afecta a todos. “En nuestras ciudades también se expolia, limitando el derecho a la vivienda de miles de personas”. “Creemos que podemos volar a cualquier parte de Europa por 24 euros o alquilar un apartamento en el centro de cualquier ciudad del mundo. Esa economía que se adjetiva como colaborativa, también está generando expulsiones, generando expolio”.
Todos los participantes, también el conductor del Encuentro, el escritor y músico coruñés, Xurxo Souto, coincidieron en destacar que hay una movilización social de contestación a ese marco capitalista, destacando especialmente movimientos como los de las defensoras y defensores de derechos humanos y de la tierra. El coordinador de Acampa, Xosé Abad, hizo un llamamiento precisamente a la unidad de acción transnacional de movimientos y organizaciones para “cambiar el paradigma y forzar a los gobiernos a que legislen a favor de las personas”. “Hay que crear redes lo más globales posibles porque lo que tenemos enfrente es una maquinaria global con todo el poder económico, político y mediático”.
Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, red nacida en A Coruña en 2016, con ramificaciones ya en Madrid, Brasil y gestándose en Portugal, es un movimiento sin fines de lucro cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es una red transversal de la que forman parte ya sesenta y seis colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, partidos políticos y agrupaciones sindicales, además de instituciones y empresas con responsabilidad social de la ciudad y del resto del país.
